Opinión
Llamar “exceso” a la libertad de expresión es el primer paso para criminalizar a la prensa
Cuando Rocío Nahle afirmó que en Veracruz hubo un año con “exceso de libertad de expresión”, dijo exactamente lo que piensa y lo dijo en el peor momento: cuando un periodista está preso acusado de terrorismo.
Llamar “exceso” a la libertad no es defenderla, es descalificarla, es colocarla en el terreno de lo tolerable, de lo permisible, de lo que el poder “aguanta” mientras no incomode demasiado.
Por eso cuando una gobernadora se siente con autoridad para decidir cuándo la prensa se pasó de la raya, la democracia y la libertad de expresión no solo están en problemas sino también en peligro.
Nahle insiste en que no reprime, dice que deja hablar, que deja escribir, que incluso en las contingencias en el norte del estado la prensa “se dio vuelo” que traducido es un: criticaron demasiado, preguntaron demasiado, señalaron demasiado.
Para ella, el problema en su gobierno no ha sido la violencia, ni las muertes, ni las inundaciones y tampoco la inseguridad: el problema es quien lo dice en voz alta, quien lo señala y quién lo critica.
El patrón es claro: en julio, tras el asesinato de la maestra Irma Hernández, la gobernadora minimizó el crimen hablando de un infarto y reaccionó con molestia frente a quienes exigieron explicaciones, no hubo autocrítica, hubo irritación, de ahí que expresara una de sus famosas frases: “porque les guste o no”, seguido de “zopilotes”.
Meses después, durante las inundaciones, el discurso se volvió abiertamente hostil: “carroñeros”, llamó a periodistas que documentaban tragedias, pérdidas y omisiones oficiales, que criticaron el actuar tardío de su equipo de gobierno y la cuestionaron al respecto.
Para el poder, quien cuestiona no cumple una función social, estorba y se le “permite” hablar o escribir porque prácticamente tiene “la venia” del gobierno.
Rocío Nahle olvidó hoy, todas las agresiones a la prensa que ella encabezó y que secundaron sus secretarios de despacho, asegura que ni ella ni su gobierno han hecho un solo reclamo a la prensa y tiene razón, no reclaman sino que agreden porque los calificativos “zopilotes” y “carroñeros” es a todas luces una agresión.
En el caso del reportero encarcelado por terrorismo, Nahle se limita a decir que “todos somos iguales ante la ley” y que el tema le corresponde a la Fiscalía; esa frase, repetida como mantra, esconde una omisión brutal porque el periodismo no necesita trato especial, sino protección y respeto ya que no es un oficio cualquiera cuando se enfrenta al poder punitivo del Estado y porque sin esa protección, la ley se convierte en garrote.
Decir que “no se detiene a nadie nada más porque sí” no responde la pregunta central:
¿Cómo llegó Veracruz al punto de considerar que el trabajo periodístico puede ser terrorismo? ¿Cómo mide la libertad de expresión la gobernadora?
La respuesta empieza a aparecer cuando el gobierno habla de “excesos”, de libertades que se “dejan pasar”, de críticas que “se dan vuelo”. Ese lenguaje no es inocente, es el preludio, pues primero se descalifica, luego se normaliza la idea de que la prensa se excede y después, se judicializa con el pretexto que sea, con el delito que encaje.
Lo que Nahle dijo no es una frase de una entrevista, es un mensaje con fondo: pueden hablar, mientras no incomoden demasiado.
La historia es conocida y siempre empieza igual: el poder dice que no censura, que respeta, que aguanta, hasta que deja de aguantar y empiezan los castigos y los ejemplos al sancionar a uno para que los demás vean e intentar reprimir a los otros
Por eso cuando una gobernadora habla de excesos de la prensa y un periodista duerme en prisión acusado de terrorismo, no estamos ante una coincidencia, estamos ante una advertencia y quien no la quiera ver hoy, la entenderá mañana.
