Proponen consulta ciudadana para definir sede de Universidad del Bienestar

Álamo, Ver.- La propuesta de instalar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Álamo Temapache ha generado controversia entre autoridades locales, por lo que la diputada Imelda Garrido Alvarado propuso realizar una consulta ciudadana que garantice la participación de la comunidad en la elección del predio definitivo.

Este proyecto educativo iniciará con la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, carrera gratuita que ya cuenta con más de 130 aspirantes registrados, quienes asisten a un curso propedéutico.

Las clases comenzaron en forma temporal en la Escuela Telesecundaria “Enrique Laubscher”, ubicada en el ejido La Unión, en la zona conurbada entre Álamo y las localidades Estero del Ídolo y Nuevo Jardín.

En este marco, el empresario Raúl Quintana Fernández manifestó el interés de donar tres hectáreas en Chapopote Núñez, propuesta que fue turnada ante Patrimonio del Estado para su análisis, informó el fin de semana la legisladora.

Garrido Alvarado subrayó la importancia de escuchar la voz del pueblo, tal como lo establece el Decálogo de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que también pertenece la alcaldesa Lilia Arrieta.

“Al haber otra propuesta en curso por parte de nuestra presidenta municipal, arquitecta Lilia Arrieta, la cual está muy avanzada, nuestra opinión es la que recomienda nuestro partido (Morena) en el Decálogo que firmamos todos los militantes que somos servidores públicos: consultar al pueblo y escuchar sus opiniones. Así no nos equivocamos, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, declaró la diputada por el 04 Distrito.

Y es que la presidenta municipal Blanca Lilia Arrieta insiste en ubicar la universidad en la zona de El Cedro, entre las comunidades Puerta 7 y Hermenegildo Galeana, a más de 15 kilómetros de la ciudad. Según algunos sectores y regidores del Cabildo, esta ubicación representa dificultades de transporte para estudiantes con recursos limitados.

Además, los ediles acusaron a la alcaldesa de tener intereses particulares, ya que habría adquirido un terreno justo al lado, con la intención de construir viviendas en renta para estudiantes.

Ante ello, los diez regidores del Ayuntamiento rechazaron de forma unánime la propuesta de Arrieta y plantearon otras alternativas con mayor viabilidad técnica y social. En ese contexto, el ofrecimiento del terreno en Chapopote Núñez podría representar una solución al conflicto, siempre y cuando se escuche la voz de la ciudadanía y se evalúen todas las opciones con criterios objetivos.

La legisladora subrayó que tanto el proyecto educativo como los recursos públicos deben estar por encima de intereses personales, y que la participación ciudadana será clave para tomar la mejor decisión.

Refirió que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez fueron creadas por decreto presidencial del 30 de julio de 2019, precisamente con el propósito de garantizar acceso a la educación superior gratuita y de calidad en zonas marginadas históricamente excluidas del sistema educativo nacional. “Las escuelas deben estar los más cerca posible”, condensó.

El organismo coordinador de estas universidades tiene entre sus objetivos impulsar la participación comunitaria en la construcción y operación de los planteles.

Hasta 2023 se habían constituido 145 planteles operando en todo el país, con 55 sedes adicionales proyectadas para lograr un total de 200, muchas de ellas orientadas a carreras del área de la salud y medicina.

El sistema atendía a más de 62 mil estudiantes con mil 369 docentes en 37 carreras, y su matrícula crece con metas ambiciosas para este sexenio.

En Veracruz, existen alrededor de 21 sedes de las Universidades del Bienestar, con matrícula regional superior a 2 mil 800 estudiantes y oferta en carreras como Medicina Integral y Salud Comunitaria, Ingeniería Ambiental, Desarrollo Regional Sustentable y Procesos Agroalimentarios.

La decisión sobre la ubicación definitiva del campus en Álamo podría depender ahora del diálogo con la comunidad y del análisis técnico y social del predio donado, en un proceso que busca dar prioridad al bien común y evitar conflictos de interés políticos, pero, sobre todo, beneficiar a la población estudiantil.